AEVI se opone a la ley de las loot boxes que propone el Ministerio de Consumo por las posibles consecuencias negativas para el mercado español de videojuegos, al aislarlo de la dinámica reguladora del resto de Europa. Anuncia que prepara alegaciones a nivel nacional y europeo.
Las cajas de botín, o "loot boxes", son un tema que preocupa a muchos expertos por su semejanza con los juegos de azar, por el daño que puede provocar en colectivos vulnerables, menores de edad que acostumbran a jugar a estos juegos.
Estos paquetes comprados con dinero real son como sobres de cromos virtuales: su contenido es aleatorio, pero suelen objetos cosméticos para juegos como Rocket League, Diablo Immortal, Overwatch o directamente cromos virtuales de jugadores de FIFA FUT.
Son un tipo de contenido que, en palabras del Ministro de Consumo Alberto Garzón, pueden derivar en conductas de consumo “irreflexivas, compulsivas o incluso patológicas”.
España será uno de los primeros países en regularlas desde el ejecutivo central, pero no asimilando su regulación con las leyes del juego, como en Bélgica o Países Bajos, sino con una ley propia, pionera en el mundo, la "ley de las loot boxes" (expresada como mecanismos aleatorios de recompensa en el texto legal).
El Ministerio de Consumo ya ha presentado el borrador del anteproyecto de ley, que está abierto a sugerencias hasta el 23 de julio, cuando se remitirá el texto al Consejo de Ministros y proceder a una tramitación parlamentaria, de aprobarse, podría suceder antes de que acabe el año.
AEVI llevará su oposición a la Comisión Europea
La ley, sin embargo, provocó el recelo de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos. Su presidente, José María Moreno, protestó que no hay evidencia científica que ligue el ámbito de las loot boxes con el gambling, y esta regulación podría provocar un daño injustificado a la industria.
El recelo de entonces se ha convertido en un rechazo firme cuando hoy, un día después de conocerse el borrador del anteproyecto de ley, han confirmado que están trabajando en alegaciones, incluso trabajando con sus homólogos europeos de cara a la remisión del anteproyecto a la Comisión Europea.
La principal preocupación de la patronal es que esta ley suponga una ruptura con la dinámica reguladora que se sigue a nivel europeo que aísle al mercado español, perjudicando a empresas y consumidores.
Además, sostiene que esta ley es una extralimitación del Ministerio de Consumo y les sorprende por lo incoherente con otras políticas del mismo Ejecutivo "que consideran la industria del videojuego como un agente de innovación y creación cultural". hobbyconsolas